La reciente apertura del diálogo institucional sobre precios y salarios se produce en un momento clave. Los últimos meses marcan una aceleración del ritmo de incremento de los precios, que tanto en noviembre como en diciembre provocaron caídas mensuales en los salarios reales, apenas comenzaba a insinuarse una recuperación de las remuneraciones.
Ningún acuerdo sobre salarios y precios puede ignorar el punto de partida, que en este caso en nada se asemeja a las condiciones vigentes a mediados de 1973, cuando se firmó el recordado Pacto Social durante la presidencia de H. Cámpora. En ese entonces la inflación era un problema persistente, pero la Argentina se acercaba a los diez años de crecimiento ininterrumpido de la actividad económica, el empleo, la productividad y los salarios reales.
Hoy el contexto está dado no sólo por una economía y un mercado laboral golpeados por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, sino que además se arrastran las secuelas de la pésima gestión económica de Cambiemos. Es preciso recordar que el nivel general de precios casi se cuadruplicó en ese período y que los aumentos resultaron especialmente fuertes en los últimos dos años de ese gobierno: La inflación cerró el año 2018 en 47,6 por ciento interanual y al año siguiente alcanzó el 53,8 por ciento.
En ese marco, los salarios tuvieron un retroceso muy fuerte: entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 los salarios registrados del sector privado perdieron en promedio el 18,7 por ciento de su capacidad de compra, mientras que los del sector público mostraron un deterioro aún más pronunciado: disminuyeron 21,2 por ciento en términos reales. Como resultado, los trabajadores perdieron participación en el valor agregado de una economía que también retrocedía.
El año 2020 inició con cierta desaceleración inflacionaria y siguió con aumentos acotados del nivel general de precios especialmente entre abril y julio, coincidiendo con los niveles más deprimidos de actividad económica provocados por la crisis sanitaria. Pero la inflación volvió a crecer rápidamente junto con la recuperación de la economía y llegó a alcanzar desde diciembre el 4 por ciento mensual. Más allá de la propia inercia inflacionaria, el escenario internacional actual empuja hacia arriba los precios locales a través de los aumentos que experimentan a nivel global los productos agropecuarios y el petróleo.
Los salarios también comenzaron el año y el ciclo del nuevo gobierno con aumentos reales en el marco del Decreto 14/20, que dispuso aumentos de suma fija de 3.000 pesos en enero y 1.000 pesos adicionales en febrero para el sector privado y del Decreto 56/20 que estableció un esquema similar para las remuneraciones más bajas del sector público. Esta mejora volvió rápidamente atrás en el contexto de la pandemia de coronavirus, con caídas salariales continuas, incluso en el marco de un nivel de inflación más acotado.
Con una situación económico-laboral tan delicada, para los gremios resultó muy difícil encarar negociaciones salariales. Se observó una demora extraordinaria en los cierres de paritarias y en buena parte de las negociaciones se establecieron sólo acuerdos de corto plazo, con predominancia de sumas no remunerativas transitorias que tendían a mejorar especialmente la situación de los sueldos más bajos.
Recién en el mes de octubre el índice de salarios de Indec mostró un incremento para los salarios registrados reales del sector privado. La aceleración de la inflación, ante aumentos negociados limitados, implicó nuevamente caídas en los dos últimos meses del año: la recuperación no llegó siquiera a producirse.
Esta situación, sumada a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los años previos, implica que el salario privado registrado en diciembre de 2020 tenga 19,7 por ciento menos capacidad de compra que en diciembre de 2015, es decir, con un salario promedio se puede comprar una quinta parte menos que en ese momento. El salario del sector público perdió aún más: 26,6 por ciento.
En este contexto, resulta más que justificada la pretensión de los representantes de los trabajadores de poner como objetivo incrementos salariales que superen a la inflación. Desde el gobierno se planteó como primer compromiso un aumento salarial entre 2 y 4 puntos por sobre el crecimiento de los precios. En el caso de máxima, el poder adquisitivo del salario crecería 3,1 por ciento. Si el ritmo de aumento anual fuese el mismo en los próximos años -y no tiene por qué serlo- recién en 2027 se estaría cerca de alcanzar el nivel que los salarios tenían en 2015. Esta simple cuenta pone de manifiesto que es el preciso que las remuneraciones crezcan por encima de la inflación persistentemente y durante un largo período, sólo para desandar el deterioro de los últimos años. Para que sea viable, el desempeño económico sostenible y la mejora distributiva son claves.
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